Pola, Tienda y Pelea

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Por: Diego Laserna    @DgLaserna

Ver una tienda llena de hombres tomando cerveza y con la música a todo volumen es una imagen clásica de Bogotá y de Colombia desde tiempo inmemorable. Es tan clásica la escena que pocos se atreverían a cuestionar  su derecho a la inmortalidad. Sin embargo, en una de las escasas medidas lúcidas del gobierno del Polo Democrático, la alcaldesa encargada Clara López expidió el decreto 263, mediante el cual se restringe la venta de alcohol en tiendas, supermercados y licoreras después de las 11 de la noche, con el objetivo de reducir los índices de criminalidad en las áreas aledañas a estos establecimientos.  Hoy inexplicablemente la Alcaldía la quiere empezar a levantar.

Aunque la causalidad entre el consumo de alcohol en tiendas o en el espacio público y la criminalidad era (y es) difícil de probar desde una perspectiva teórica, en la práctica hay evidencia de que la medida ha tenido un impacto significativo sobre varios comportamientos delincuenciales.  Para empezar, la ciudad alcanzó en el mes de junio de 2012 una tasa de 16.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual representa, no sólo la tasa de homicidios más baja del país, sino también la más baja de Bogotá en los últimos 30 años. Aunque sería desproporcionado sugerir que esa baja se debe exclusivamente al decreto 263, si se toma en cuenta que según la Cámara de Comercio un 76% de los homicidios  sucede entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, no es desdeñable concluir que una vida nocturna más organizada puede llevar a una reducción de los homicidios. Pero yendo más allá, el Centro de Estudios y Análisis en Seguridad y Convivencia (CEACSC) asegura que la medida redujo en un 4% las lesiones personales y un 11% el hurto durante el horario de la restricción.

Claro, a la medida no le han faltado los críticos y proveedores de licor,  tenderos y algunos centros de pensamiento -como la Fundación Ideas para la Paz- han afirmado varios escenarios que no hay ningún vínculo entre el consumo de alcohol en las tiendas y los índices de seguridad del Distrito. Además, señalan que la medida es discriminatoria porque los pobres no pueden ir a bares, que atenta contra la seguridad de los barrios porque desocupa las calles de noche y que le quita a sectores vulnerables como los tenderos una fuente importante de ingresos, todos los cuales son puntos que merecen ser discutidos.

Sin embargo la discusión de fondo no se debe limitar a la relación entre consumo de licor en tiendas y los índices de criminalidad sino que debe discutir en detalle cuáles son los tipos de establecimientos que deben vender alcohol para su consumo interno.

Una tienda que vende alcohol hasta altas horas de la noche impacta negativamente la convivencia en un barrio de formas no relacionadas con la criminalidad.  Solo para mencionar algunas, después de tomar 6 cervezas cualquier ser humano común y corriente tiene que orinar; pero muchas tiendas no tienen baños, lo cual lleva a que esta persona tenga que salir a la calle y aliviarse en la primera pared que encuentra generando un legitimo malestar entre los vecinos.

Aún más grave, las tiendas, como sus mismos propietarios lo reconocen, están ubicadas en su mayoría en sectores residenciales donde no se aprecia particularmente que haya música hasta altas horas de la noche (de hecho, donde no está autorizado por el POT), pero todo el mundo sabe que tomar sin música no tiene ningún sentido y por lo tanto los que llevan las de perder normalmente son los vecinos que quieren dormir.

Para no señalar solamente a las tiendas, consideremos la venta de alcohol en licoreras y supermercados después de las 11 de la noche. Evidentemente no es para consumirlo en el local, ya que no hay dónde, luego debe ser para consumo en el espacio público, lo cual, así no traiga riñas, es ilegal y sin duda traerá basura y ruido. Si lo quieren consumir en sus casas, el decreto actual permite que se venda a domicilio.

Gracias a estas razones y aunque el control de la Policía puede no ser impecable,  la medida goza de una enorme popularidad entre las comunidades, las autoridades locales y la Policía por igual. Sin embargo, ninguno de estos sectores tiene la determinación o el potencial de influir en las decisiones públicas como lo tienen los vendedores de cerveza y las licoreras.

En ese marco, es particularmente decepcionante el anuncio de la Administración Petro de que está trabajando en “el desmonte progresivo del decreto 263” para sustituirlo por procesos de “autorregulación”; es decir, casi nada. La propuesta levantaría la medida en las localidades de Teusaquillo, Barrios Unidos, Puente Aranda, Sumapaz, Candelaria y en la Terminal de Transporte (¿por qué querríamos que la gente tome alcohol después de las 11 de la noche en la Terminal?) y en otras 5 localidades se ampliaría el horario de venta hasta las 12 de la noche.  Se puede inferir que el levantamiento definitivo se pospondría para una segunda etapa.

El Alcalde Petro fue elegido con el compromiso explícito de proteger el bienestar colectivo de la ciudad de algunos poderosos intereses privados y en este caso parece que le están haciendo un gol a expensas de la ciudadanía.   La venta de alcohol es un tema delicado que está regulado al detalle en países desarrollados;  es hora de que en Bogotá nos tomemos la cosa en serio y definamos unos estándares mínimos de calidad en el servicio y de seguridad para los establecimientos que se van a lucrar de su venta. Eso sin duda implicará un cambio cultural en la forma en como se consume alcohol en la ciudad pero es una transformación que se debe iniciar cuanto antes. Petro tiene la alternativa de avanzar en la organización y modernización de la ciudad o regresar a lo mismo de siempre.