Si no se regula se pudre – Tercera parte

Por: Diego Laserna @DgLaserna

Los que han seguido nuestra últimas entradas saben que he venido escribiendo sobre las mafias que regulan las actividades informales en Bogotá. Para los que no nos han venido siguiendo, les recomiendo que miren la primera y la segunda entrada al respecto, en las cuales describo porqué las mafias se parecen al Estado y situaciones en que las mafias reemplazan al Estado en Bogotá.

En esta, la última entrada sobre el tema, quiero exponer las consecuencias de que el Estado no regule efectivamente las actividades económicas en cuatro ámbitos, seguridad ciudadana, garantía de derechos, desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, para luego discutir cómo estas actividades se podrían regular por parte del Distrito y los retos que eso supone. Así que empecemos.

Seguridad

El hecho de que una organización que no es el Estado sea capaz de regular un mercado implica necesariamente que esta tenga algún mecanismo de coerción y en cristiano eso quiere decir que tiene que estar armada. Los que son “dueños” de las esquinas  donde hay vendedores ambulantes tienen que poder echar a los que no pagan su tributo y para eso se necesitan armas.  Los que cuidan carros en una bahía tienen que garantizar que no se les vaya a meter cualquier día la competencia y para eso igualmente se necesitan armas. Ahora, las armas pueden ser inicialmente palos o cuchillos, pero a medida que el negocio se va sofisticando, las armas también.

Imagen de blog.pucp.edu.pe

Imagen de blog.pucp.edu.pe

Si estas organizaciones ya tienen un aparato de gente armada, sea con el arma que sea, pueden incursionar en una amplia gama de negocios donde no se podría  entrar sin este. Me explico. Una mafiecita que controle 20 o 30 puestos de vendedores ambulantes necesitará un par de tipos con cuchillos para cuando alguno de los vendedores no quiera pagar su “tributo” vaya y los espante, pero el resto del tiempo estos señores están desocupados. Esto les permite dedicarse a otros negocios compatibles en su tiempo “libre”, como ofrecer sus servicios de intimidación a los que controlan el parqueo en vía o la mendicidad.  Pero tal vez para ellos es más rentable dedicarse al hurto de celulares o a la venta de drogas y así la mafiecilla inicial empieza a combinar de una manera muy rentable la informalidad con la ilegalidad y a experimentar además de un sostenido crecimiento económico, lo que los economistas llaman una integración horizontal.

Ya una vez la mafiecilla controla  las ventas ambulantes y las zonas de parqueo y los mendigos y tiene una operación rentable en el robo de celulares  y en el microtráfico, ya no es una mafiecilla sino un sólido emprendimiento ilegal  que permite tener un grupo sustancial de personas armadas ocupadas a través de la semana.

Sin tener ninguna prueba, me aventuraría asegurar que las grandes organizaciones criminales de Bogotá funcionan así.

 

Desarrollo Económico

Uno de los principales argumentos de los que se oponen a que el Distrito ponga en orden ciertas actividades informales es que las personas que están dedicadas a esto no tienen otra forma de sobrevivir económicamente.

En muchos casos esto no es cierto ya que por ejemplo hay organizaciones clandestinas de ventas ambulantes que tienen proveedores y puestos de ventas  y solo contratan personas a los que les pagan migajas por encargarse de las ventas. Pero en otros casos hay personas que tienen su puesto de ventas ambulantes o su bicitaxi de forma independiente y solo pagan un “tributo” a la organización que regula. Muchas veces estas personas han operado durante años, tienen clientelas consolidadas y tienen cierto goodwill, que de estar en un negocio regulado podría monetizarse, inclusive usarse como una garantía para pedir un crédito y ampliar su negocio pero acá no. En un mercado no regulado por el Estado, este potencial económico se mantiene represado y los horizontes de las personas que viven de estas actividades no son tan amplios como podrían ser. Agregado este fenómeno tiene unas consecuencias nefastas sobre la ciudad sobre las cuales el economista peruano Hernando de Soto ha escrito a profundidad.

Garantía de derechos

A través de siglos de lucha y evolución el Estado colombiano ha ido extendiéndole una serie de garantías y derechos a sus ciudadanos entre los cuales están el debido proceso, el derecho a la salud y el derecho a la vida. Aunque estos no siempre se respeten en las  actividades que vigila el Estado, es un absurdo pensar que se respeten en medio de las actividades que este no regula.

Así, un comerciante que no pague sus impuestos posiblemente sea multado en una forma proporcional a su infracción; en contraste, el vendedor ambulante que no quiere o no puede pagarle el “tributo” al dueño de la cuadra no tiene que pagar una multa, sino que esté arriesgando su vida.

Igualmente, la persona que se monta al Transmilenio se supone que tiene la certeza de que el vehículo en que se transporta tiene unas condiciones técnicas que garantizan su seguridad y que una entidad del Estado ha verificado que así sea. Por el contrario una persona que se monta en un bicitaxi lo hace sin tener ni siquiera una expectativa razonable de que alguien haya verificado la seguridad de ese vehículo y por lo tanto cada vez que lo hace pone su vida en peligro.

Tomado de www.cartelurbano.com

Tomado de www.cartelurbano.com

Ni hablar de las personas que comen en los puestos ambulantes. Si uno se intoxica comiendo en un restaurante debidamente constituido se supone que el Estado le garantiza una protección y contempla unas sanciones al establecimiento, pero si esto sucede con un chicharrón vendido en un anden de la calle 72, ni siquiera existe la remota esperanza de que haya un control o una reparación.

En conclusión, el Estado colombiano se supone que le da unas garantías a todos sus ciudadanos, las cuales se esfuman una vez las personas entran a operar con negocios no reglamentados. Esta situación pone a miles de personas en peligro todos los días aunque estas ni siquiera estén conscientes de ello.

Sostenibilidad Fiscal

Los recursos con que opera el Distrito son extraídos exclusivamente de los sectores económicos reglamentados, sin embargo, deben ser suficientes para ofrecer infraestructura, seguridad, salud y otros servicios a todos los habitantes y todos los barrios de Bogotá.

Al no ser suficientes los recursos que se obtienen de los negocios reglamentados para suplir las necesidades de la ciudad, siempre hay una presión para que los impuestos aumenten y de hecho lo hacen sin parar a costa de la competitividad de la ciudad. En efecto, lo que sucede es que los empresarios reglamentados acaban subsidiando la infraestructura y los servicios de los no reglamentados y que la administración distrital es una eterna coja presupuestal.

Si se regulan las actividades “informales” no solo sería posible obtener impuestos de la operación de estas, sino que estos impuestos podrían ir a financiar un control más exigente sobre la operación de las mismas.

El comienzo de la solución

Para empezar a organizar las actividades económicas “informales” que hoy están bajo el control de las mafias, lo primero que hay que hacer es dejar la cháchara populista y deshacer de un tajo el concepto de “economía popular” bajo el cual se sugiere que estos fenómenos merecen ser preservados al margen del control del Estado.

Una vez hemos comprendido que una reglamentación alrededor de estos temas es necesaria, es fundamental estudiar a profundidad cada uno de estos fenómenos con el objetivo de que la regulación que se va a desarrollar no vaya a impedir que en su versión legal estos negocios dejen de ser rentables.

Obviando el paso anterior y aventurando algunas hipótesis propias creo que acá hay algunos casos en que la solución es fácil y en otros donde es mucho más compleja.

Bicitaxis legales en Nueva York. Imagen tomada de nycpedicab.wordpress.com

Bicitaxis legales en Nueva York. Imagen tomada de nycpedicab.wordpress.com

Por ejemplo con los bicitaxis es muy fácil. Todo lo que hay que hacer es definir, según criterios de oferta y demanda, en qué áreas podrían operar y luego un mecanismo para definir quiénes son los que deben operar en esos puntos. El servicio se podría integrar con el SITP luego de definir las características técnicas del vehículo y listo. Así de fácil tendríamos una mafia menos y varios empresarios más en Bogotá.

En cuanto al parqueo en vía, también es relativamente fácil. Hay que definir los sitios donde el parqueo en vía es más apetecido, demarcarlo y contratar una gente que cobre una tarifa según el tiempo que estén ahí. Esto lo podría operar directamente el Distrito o un concesionario. De hecho, una licitación estaba en curso pero se cayó el año pasado. Esta medida podría traerle enormes ganancias al Distrito, desincentivar el uso del carro particular, dar cientos de empleos formales nuevos y acabar con otra mafia más.

Inclusive, la administración de la publicidad exterior visual también podría concesionarse fácilmente y producir grandes utilidades para la ciudad. Pero con los vendedores ambulantes el tema se pone más espinoso, sobre todo debido a la gran cantidad que hay.

En mi opinión para regularlos habría que definir primero qué se va a poder vender en la calle y qué no. Entonces, por dar un ejemplo, decidimos que flores y frutas sí, pero chicharrones y gafas, no.

Después se definiría el máximo de vendedores que podrían estar en un sector con el mobiliario urbano adecuado y cuánto pagarían de alquiler por ese mobiliario. La ciudad proveería el mobiliario y le daría la prioridad para su ocupación a los actuales vendedores del sector que vendan los productos permitidos. Tocaría iniciar sector por sector y hacer un gran despliegue de la Policía para garantizar que los vendedores no autorizados no puedan ocupar el espacio público. Este por supuesto es un proceso costoso no solo económica sino políticamente y para ser realmente exitoso debe mantenerse a pesar del cambio de gobiernos. Todo esto hace más difícil que se dé y que se siga apelando a conceptos politiqueros como la preservación de la “economía popular”.

Pero si reglamentar las ventas ambulantes es difícil, ni hablar de la mendicidad, ya que implica además de un reto de política y orden público, como en el caso de los ambulantes, un cambio de mentalidad en la ciudadanía que no considera ético que esto sea un negocio y que vería con muy malos ojos que el Estado entre a reglamentarlo o a prohibirlo.

En todo caso, la idea no es no pretender tener todas las respuestas y sugerir que se puede acabar con la informalidad y las mafias que la controlan de la noche a la mañana. El propósito es señalar que cuando el Estado no regula los negocios, está abriendo unos espacios para que crezcan organizaciones que tienen unos efectos nefastos sobre el bienestar de la ciudadanía y que recuperar esos espacios traería beneficios en términos de seguridad, calidad de vida, política fiscal y desarrollo económico. Además, por lo menos en algunos de los casos descritos, recuperar los espacios que se le han cedido a las mafias sería relativamente fácil.

A los que me acompañaron durante estas tres largas entradas, espero haberlos convencido al menos de eso.

Imagen principal tomada de http://behindlightandshadow.blogspot.com

1 comentario en “Si no se regula se pudre – Tercera parte

  • Me pareció muy realista la ilustración de lo que sucede en las calles de Bogotá y en las demás ciudades y la exposición nos da un panorama casi que exacto de lo que está ocurriendo y que tal vez no lo queríamos ver o aceptar. Me uno totalmente a su tesis y creo que si los Gobiernos locales o Nacionales tuvieran la fortaleza y decisión, se podría empezar a lograr que esta situación de las “magias urbanas”, empezarán a acabar y que la ciudadanía pudiera disfrutar de nuestras calles en sana convivencia con las ventas ambulantes, controladas por el Estado. Gracias, porque me ha hecho que tuviera otra opinión y criterio sobre este gran problema, viendo alguna solución efectiva a este gran problema ciudadano.

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