Por Felipe Morales: Follow @felipemoraless
Iniciemos haciendo un poco de contexto sobre el tema de vivienda popular en Bogotá. Las fuentes oficiales estiman que hay un déficit de alrededor de 250 mil viviendas. Al menos 250 mil hogares no poseen una vivienda de interés prioritario –VIP– o una vivienda de interés social -VIS-. La diferencia entre una y otra es que la VIP tiene un valor de hasta 70 salarios mínimos –unos 40 millones de pesos–, y la VIS no supera 135 salarios mínimos –unos 76 millones de pesos–. 250 mil hogares de ingresos limitados, viven en arriendo –déficit cuantitativo– y/o sin estándares mínimos de calidad –déficit cualitativo–, lo más preocupante es que cada año se conforman 45.000 nuevos hogares que entran a aumentar el déficit, sin que la ciudad sea capaz de proveer las soluciones de vivienda. Podemos decir además que la experiencia de Bogotá en la gestión de vivienda popular no es muy afortunada. Por ejemplo la alcaldía de Samuel Moreno prometió en su plan de desarrollo la construcción de 100.000 viviendas populares, y solo logró concretar 17.000 unidades de iniciativa pública.
La apuesta de Petro con su Plan de Desarrollo Bogotá Humana es construir 70.000 viviendas de interés prioritario, con una complejidad adicional al solo hecho de construirlas, que consiste en no usar los suelos problemáticos que están en la periferia de la ciudad -sobre todo en el suroccidente-, donde aún quedan algunos lotes sin urbanizar dentro del perímetro urbano, sino en un concepto que la administración ha llamado centro ampliado[1]. Lo difícil, es que en ese centro ampliadose necesitan aproximadamente unas 250 hectáreas de suelo que en su gran mayoría hoy están ocupadas por construcciones de todo tipo. La decisión de no usar el suelo de la periferia no es caprichosa. Son terrenos que se ubican en zonas con riesgo alto de inundación, y Petro busca que en la ciudad no se repitan hechos como los registrados en Bosa[2] el Recreo durante diciembre de 2011.
Imagen 1. Fuente: www.eltiempo.com
Paradójicamente lo que debería convertirse en un hecho positivo, el anuncio hecho por el gobierno nacional en el sentido de subsidiar por completo la construcción de 100.000 viviendas en todo el país, ha profundizado el problema. La condición que impone el gobierno nacional es que los entes territoriales -llámense distritos o municipios- deben aportar el suelo, los predios libres de construcción para que éste proceda a subastar la construcción de viviendas. En un principio Bogotá ofreció el suelo del Plan Parcial[3] Campo Verde localizado en Bosa[4]. Campo Verde buscaba habilitar 84 hectáreas para la construcción de unas 17.000 viviendas y albergar a cerca de 60 mil personas. El problema del suelo de este Plan Parcial –y de algunos otros como la Palestina y San José de Maryland ubicados en la misma localidad– es que está muy cerca de los ríos Bogotá y Tunjuelo, y según el FOPAE[5] tiene altas probabilidades de inundación, por lo cual se cataloga como de riesgo no mitigable. Es decir, que a pesar de realizar obras de contención como la construcción de jarillones[6] o interceptores, no podría evitarse.
Imagen 2. Fuente: Documento Técnico de Soporte del Plan de Ordenamiento Territorial.
El gran lío con Campo Verde, es que la propia administración de Bogotá había propuesto ese predio al gobierno nacional para la construcción de las viviendas gratis. De las 100.000 que se construirán en todo el país, más de 8.000 se harían en Campo Verde. Bogotá hizo la propuesta antes de conocerse el estudio de riesgo no mitigable, y por eso la alcaldía está en una búsqueda contrarreloj de nuevo suelo para ofrecerle a la nación. Lo que ha dicho la administración de Petro a través de su Plan de Desarrollo es que no construirá vivienda en zonas que representan un riesgo para los ciudadanos ¡Algo apenas lógico y responsable!
¿Esto qué quiere decir? Que en Bogotá ya no queda suelo libre para urbanizar, que el poco disponible, se ubica mayoritariamente en el occidente de la ciudad, en las riberas del río Bogotá y del Tunjuelo, en zonas de alto riesgo de inundación o de reserva forestal, y que afanosamente toca generarlo, usando una excelente capacidad de gestión pública y de imaginación de norma urbana para permitir los cambios que sean necesarios. Ahí está la gran dificultad.
Por ahora, el único hecho concreto en el que ha avanzado la administración es en la declaratoria del desarrollo prioritario de 1,185 predios ociosos que hoy no cumplen ninguna función adicional al engorde. Los propietarios de estos predios tendrán máximo un año para construirlos y destinar el 20% del área total a vivienda de interés prioritario, so pena de ser expropiados para subastar el suelo y aportarlo al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.
Tal vez una alternativa para poder cumplirles a los bogotanos esté en buscar asociaciones público-privadas, donde los propietarios del suelo quieran aportarlo para esta operación, y a cambio el distrito les retribuya con un esquema de negocio que les resulte atractivo. Podría ser por ejemplo, convertirlos en promotores de los proyectos, permitiéndoles mayores índices de edificabilidad para generar mayor lucro y así a lo mejor todos ganemos. O emprender un proyecto más importante aún, conformando un banco de suelos públicos que a mediano y largo plazo permita ofrecer un mejor urbanismo para las iniciativas de construcción de vivienda popular, esta última opción que debería convertirse en política nacional de obligatorio cumplimiento, no lo es. Aunque responsable y seria esta última propuesta, no resulta atractiva ante la inmediatez que requiere la gestión política de una administración de turno, en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos, al concentrar los 4 años de cada gestión al cumplimiento de sus propias metas a como dé lugar, y no al mejoramiento del hábitat popular.
La ciudad está iniciando un proceso de cambio de normas, adquisición de inmuebles, y sobre todo de gestión de suelo muy complejo con un enfoque innovador para poderle cumplir a los ciudadanos. Este es un proceso que demanda un tiempo de gestión pública que pareciera ser muy largo frente a las necesidades de los bogotanos. Esperemos optimistas a que Petro y su equipo logren sacar el proyecto de vivienda adelante, porque para hacer un reconocimiento final a las intenciones de la alcaldía de Petro éste tendría un significado y un impacto muy especial para las víctimas del conflicto colombiano que viven en Bogotá.
[1]Contempla un área de 11.406 hectáreas que se extienden aproximadamente desde parte del trazado de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) hasta la Circunvalar y desde la calle 1ª hasta la calle 80.
[2] Ver imagen 1.
[3]Un Plan Parcial es el instrumento por el cual se desarrollan y se complementan los lineamientos que hace el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para áreas determinadas de la ciudad. El Plan Parcial busca una buena planificación en detalle, que no se puede lograr con el POT, para obtener un espacio urbano construido y habitado, con servicios públicos de calidad, equipamientos, parques, acceso a la movilidad y a otros servicios urbanos.
[4] Ver imagen 2. Las zonas achuradas en rojo oscuro y rojo claro representan las áreas expuestas a inundación
[5]Fondo de Atención y Prevención de Desastres
[6]Aunque la palabra jarillón no está aceptada en el Diccionario de la Real Academia Española, con esto se pretende designar el crestón o parte de un filón que sobresale del suelo.
Las propuestas de las nuevas viviendas VIS y/o VIP, son muy acertadas para el deficit habitacional de la ciudad, pero hay que ser enfaticos en que deben ser construidas para el bienestar de los menos favorecidos y el «buen» desarrollo de la ciudad y no una manera de «hacer» politica y que al final no llegen a los resultados propuestos, como casi siempre ha pasado.
Siempre se ha visto lo mismo, para cumplir con las promesas de dirigentes, se plantean «salidas» equivocas sin ningun soporte, como por ejemplo los lotes propuestos, que al entrar a ver en detalle tienen 1001 problemas, es preferible no proponer las tantas viviendas que dicen hacer en lotes que nisiquiera se han analizado y si unas «cuantas» (miles) que cumplan perfectamente con los requerimientos y las normas viegntes.
Para el caso de las viviendas que se encuentran en zonas de alto riesgo, se pueden plantear alternativas de «nuevos conceptos de vivienda» en donde el riesgo trate de ser bajado al minimo; solo hay que tratar de no proponer lo mismo de siempre…. Siempre hay espacio para una salida mejor pensada.
Creo que además de concentrar los esfuerzos en cómo hacer viviendas nuevas, deberíamos empezar a pensar en cómo mas bien aprovechamos lo que ya tenemos.
Las terrazas de los barrios en los que la autoconstrucción es el común denominador deberían aprovecharse, extendiendo la acción del Distrito a los barrios ya consolidados y empezar a disminuir el déficit cualitativo que también es importante; pero para esto nos hace falta tener una política de mejoramiento barrial sería, y empezar a ver cómo mejoramos lo que ya existe para no seguir produciendo en las mismas condiciones, aprender a ser menos técnicos y entender las lógicas informales, que se comen en tamaño a la ciudad formal.
Estuve disfrutando en tu pagina y la que mas me gusto es esta que titulas Los problemas de la construcción de la vivienda popular – Combo 2600 .
Felicidades.
Gracias por tu comentario. Ojala sigas en contatco.
Gracias por este completo estudio.
Quisiera que me informaran sobre las condiciones actuales( conveniencia y limitaciones) para urbanizar la zona cercana al Parque Entrenubes.