Por: Diego Laserna @DgLaserna
Hace un par de semanas escribí la primera parte de este artículo en la cual aseguraba que en esencia las mafias tienen una relación muy similar con las personas a la que tiene el Estado. La columna vertebral de esta aseveración es que en su minima expresión tanto el Estado como las mafias intercambian con las personas seguridad y regulación efectiva por un tributo. Esta similitud lleva a que cuando hay un mercado competitivo y rentable y el Estado decide no regularlo o es incapaz de hacerlo, las mafias entran a ocupar su lugar. (Para una mejor comprensión de la analogía sugiero leer la primera parte del artículo aquí)
Aunque esta lógica también aplica para fenómenos nacionales e internacionales, he querido ilustrarla con una serie de casos particulares a Bogotá. Es importante aclarar, sin embargo, que esta no es una investigación académica y que aunque el ideal sería tener una profunda investigación de campo que aporte datos precisos de cómo funcionan estos fenómenos en Bogotá por ahora me debo remitir exclusivamente a reportes de prensa, experiencias personales y anécdotas. A pesar de esto, espero poder ilustrar la lógica mediante la cual se regulan las actividades que el estado no controla.
El Caso de los Vendedores Ambulantes
La ocupación con fines comerciales del espacio público está prohibida, salvo casos muy puntuales, por una amplia serie de normas entre ellas el artículo 80 del Código de Policía de Bogotá. A pesar de esta prohibición cualquier extranjero que llegue a Bogotá se preguntaría cuál es el objetivo de esta norma ya que si hay una constante en esta ciudad desde Usme hasta Usaquén es la ocupación masiva y a plena luz del día del espacio público por vendedores de todo tipo de productos.
Independiente si esta prohibición es justa o no lo que es evidente es que el Estado ha fracasado en reglamentar y ejercer control sobre un negocio muy rentable como son las ventas en el espacio público. Este fracaso ha creado un vacío ideal para que mafias entren a regular el funcionamiento del negocio y no sólo decidan quién puede vender en un sector sino cuánto deben pagar como derecho para trabajar allí. Estas determinaciones se hacen respetar violentamente; a veces con amenzas y a veces con cuchillo . El ejemplo más reciente de este fenómeno ha salido a la luz en la reubicación de los vendedores del 20 de Julio donde organizaciones de este tipo se han opuesto a capa y espada a la reubicación de los vendedores con tal de no perder su campo para regular y cobrar pero en la ciudad hay ejemplos a granel de espacio público privatizado por mafias.
El Caso de la Mendicidad
El común de la gente cree que la mendicidad es una actividad espontánea a la que recurren toda clase de personas que ante la pobreza absoluta no tienen otra oportunidad para sobrevivir. En muchas ocasiones puede que eso sea verdad y que haya personas que de manera “independiente” pidan limosna para sobrevivir pero en muchos, quizás la gran mayoría , hay elaboradas organizaciones mafiosas que se nutren de este negocio y que controlan hasta los detalles más elementales de su operación.
La historia va algo así. En nuestra sociedad está mal visto que la mendicidad sea un negocio por lo tanto el gobierno nunca lo ha interpretado como tal y dispuesto una regulación efectiva alrededor de su operación. Si lo hiciera, de hecho, una cantidad de personas saldrían a tacharlo de inhumano, mercantilista, autoritario, etc. Sin embargo, como cualquiera que lo estudie de cerca descubrirá, la mendicidad es un negocio que mueve enormes sumas de dinero y al Estado no molestarse en regularlo, lo ha dejado en manos de mafias que no tienen ningún problema en regularlo.
Igual que con los ambulantes en el caso de los mendigos también hay organizaciones que definen quién se puede parar a mendigar en una determinada esquina y cuanto le debe pagar a los “dueños”. Sólo para mencionar un caso interesante, está la historia de los indígenas ecuatorianos que menciona la investigadora Mercedes Castillo. En este caso, el refinamiento del negocio llega hasta el nivel de comprender que los bogotanos son más propensos a darle limosna a un indígena que a un mendigo promedio y para explotar esa “preferencia” importan las familias indígenas desde el Ecuador. La mafia encargada de la operación de este negocio le exige a cada familia producir 100.000 pesos diarios, de los cuales 70.000 son una especie de tributo. El caso de los niños funciona de manera similar desde hace decadas.
El Caso de los Bicitaxis
Los bicitaxis son un servicio de transporte informal que ha aparecido sobretodo como una especie de alimentador de las estaciones intermedias de Transmilenio. A pesar de que el servicio ya lleva alrededor de 15 años en las calles de Bogotá y que se estiman entre 5000 y 8500 bicitaxis en la ciudad, el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad se han resistido a reglamentarlo. Esta falta de regulación ha llevado a que muchas veces los que regulan el número de vehículos en cualquier punto y cuánto deben pagar por operar ahí sean mafias que si llegan nuevos bicitaxis o estos se oponen a cancelar las tarifas definidas, sean expulsados a las malas. Siguiendo la jerga que utilizan los taxis, estas tarifas que se deben cancelar por operar en cierto punto son llamadas “cupos”; en algunos lugares se pagan en una sola cuota y otras con pagos mensuales.
El pago de “cupos” se realiza a un particular a cambio del derecho a operar el servicio en una vía pública y representan una cuantiosa fuente de ingresos para las organizaciones que regulan el servicio. De hecho, el pago por estos “cupos” está tan arraigado que i se transa en Internet.
Caso del Parqueo en Vía
Otro caso protuberante del reemplazo del estado por mafias es el cobro por el parqueo en vía. Al no estar regulado por el distrito y producir enormes ingresos para las personas que “cuidan” los carros, el parqueo en vía es otro gran ejemplo de cómo las mafias entran a regular los espacios que el Estado deja vacíos. Estas organizaciones a veces operan directamente el servicio o a veces le cobran a los que cuidan los carros por el “uso” del espacio. En todo caso, en la practica se privatiza el espacio público, se definen tarifas arbitrariamente y se excluye violentamente a potenciales competidores efectivamente regulando lo que el distrito nunca se molestó en regular.
El caso de los pasacalles aunque es un poco distinto tiene unas particularidades bastante interesante. Según la reglamentación actual la mayoría de los pendones y todos los pasacalle publicitarios son ilegales, sin embargo el control que hace la Secretaría de Ambiente es tan defectuoso que toda la ciudad está cubierta de ellos. Como el espacio para estos es prácticamente ilimitado y no hay competencia entre los proveedores, las mafias no han entrado a reglamentar su operación sino a proveer directamente el servicio y le ofrecen a las grandes constructoras “paquetes” mediante los cuales ellos suben el pasacalles el fin de semana (cuando es particularmente útil) y lo bajan entre semana, garantizan que si alguien lo baja sea reemplazado y asumen el costo de una improbable multa por parte del distrito. Como elemento clave de la operación se rumora que estas mafias de los pasacalles tienen fuentes dentro de la propia Secretaría de Ambiente que les avisan cuando va a haber operativos. Es decir que en este caso la mafia no se encarga de regular la operación del negocio sino de cooptar al regulador, una variante interesante si se estudia el comportamiento de mafias de mayor magnitud como las que controlan el narcotráfico o la prostitución.
Podría continuar discutiendo ejemplos indefinidamente. De hecho hace algunos días escuche que a los malabaristas del norte de Bogotá les cobran una cuota por trabajar en esquinas especificas de la ciudad so pena de agresiones físicas. Sin embargo espero con estos ejemplos haber ilustrado el punto que cuando el Estado no ejerce una regulación efectiva de una actividad económica rentable y competida, distintos tipos de mafias entran a regularla .
En el próximo artículo (que prometo será más breve) discutiré en detalle cómo entregarle la regulación de actividades económicas a mafias deja desprotegidos a los ciudadanos, le quita ingresos al Estado y potencia la fuerza de las organizaciones criminales. Espero también ofrecer algunas alternativas para que el Distrito sea capaz de regular estas actividad y en lugar de engendrar sus propios enemigos sea más prospero y eficiente en su objetivo de mejorarle la vida a la ciudadanía.
1 comentario en “Si no se regula se pudre – Segunda parte”