El caso del puente de la 106

Por: Germán Sarmiento (MiBlogotá) – Columnista Invitado

En un principio se le propuso a la comunidad pasar la vía por debajo de tierra. Sin embargo, a medio camino, a los ciudadanos se les cambio el proyecto por la alternativa del puente elevado. Según el Distrito, lo segundo resultaría más económico. ¿Para quién? ¿Alguien cuantifica el costo social de estas obras? ¿Alguien valora lo que le cuesta al estado la erosión de la confianza ciudadana en su sistema tributario? En fin. Preguntas importantes que nunca o poco se responden.

Ver este puente hoy, construido, estrellado contra los muros del Cantón Norte me produce indignación. Vergüenza. Y seguro que a ustedes también. ¿Cómo le explica usted a un extranjero esta ridiculez? ¿Cómo explicar la falta de mantenimiento de la malla vial o la no realización oportuna de otras obras clave, al tiempo que contemplamos esta enorme parálisis sin uso alguno?

Eso por una parte. Ahora imaginémonos el mismo puente ya entrado en operación, una vez cortada la cinta roja por el político de turno y pensemos en los vecinos de la obra, es decir, los supuestos “beneficiaros” del artefacto y por ende del impuesto de valorización.

Veo el siguiente escenario:

Un gran concierto de pito, una vista privilegiada al trancón a la altura del cuarto principal o la adorable terraza, ese será el paisaje –adiós cerros-, vibración permanente, accidentes, encierro y desconexión con el espacio público inmediato, poca actividad ciudadana, potencial inseguridad, mayor contaminación, etc. ¿Alguien puede explicarme dónde se encuentra la valorización del predio? Y el puente costó aproximadamente $ 30.000 millones de pesos.

Lo siento mucho…….pero acá de lo que dan ganas, es de salir corriendo. Despepitado. Reitero la pregunta ¿Y el distrito no indemniza a estos propietarios? Ahora pensemos ¿Por qué a cambio no priorizamos la inversión en espacio público de calidad, es decir, amplios andenes, buenos parques, iluminación, terrazas, ciclorutas, avenidas no autopistas, centros culturales, plazas, que sin duda mejorarían el entorno, elevando ello sí el valor del suelo?

Al gobierno de la ciudad le corresponde legitimar sus proyectos de infraestructura con buena información y comunicación con la ciudadanía en relación a lo que se proponen lograr. Así mismo, también está en el interés de los ciudadanos informarse mejor sobre ¿Cuáles son esas obras? ¿Cuál es el verdadero impacto sobre sus propiedades y calidad de vida? ¿De verdad valorizan el predio? ¿Qué piensa la comunidad local? Finalmente, somos los ciudadanos quienes pagamos el tributo y los directamente afectados por el resultado de la obra; para bien y para mal.

Sin embargo, a veces pareciera que acá lo que importa es la motivación y el interés de algún ingeniero o contratista,  ¿O la de los políticos?, y lejanamente la del ciudadano. ¿Me equivoco?

“La demostrada capacidad –y voluntad- de pago de los bogotanos está en jaque ante las arbitrariedades, los aplazamientos y los incumplimientos de obras, cuyo beneficio directo a veces resulta remoto.” Adriana Córdoba, Veedora Distrital

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